Argentina: ¿Quién puede manipular las elecciones de 2027? El caso Cerimedo y los sótanos de la democracia
Un repaso al caso Cerimedo revela cómo empresas de datos y algoritmos podrían influir en los comicios de 2027. Analizamos los riesgos para la integridad electoral en Argentina.
El caso de Andrés Cerimedo volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién tiene realmente la capacidad de manipular una elección en la Argentina de hoy? A menos de un año de las legislativas de 2027, las revelaciones sobre el uso de datos masivos, microtargeting y posibles influencias extranjeras generan preocupación entre analistas y organismos electorales.
Según informó NODAL, Cerimedo, consultor vinculado a campañas de derecha en la región, habría utilizado herramientas de big data para segmentar votantes con mensajes personalizados. El escándalo salpica tanto a la esfera local como a posibles conexiones con operaciones en otros países de América Latina.
El problema no es nuevo, pero sí se ha sofisticado. Las elecciones de 2023 ya mostraron el peso de las redes sociales y las campañas digitales. Para 2027, con una mayor penetración de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos, los márgenes para la manipulación son más amplios. Expertos advierten que la desinformación y el uso irregular de bases de datos electorales podrían alterar el comportamiento del electorado sin que sea fácil detectarlo.
Desde el punto de vista técnico, manipular una elección no requiere hackear máquinas de votación (Argentina aún usa boleta de papel). Basta con influir en la opinión pública a gran escala: identificar indecisos, amplificar mensajes polarizantes o suprimir participación mediante campañas negativas dirigidas. Herramientas como Cambridge Analytica usaron en su momento datos de Facebook; hoy las fuentes son más variadas e incluyen TikTok, Instagram y hasta datos de geolocalización comprados en el mercado gris.
La Justicia electoral argentina tiene limitadas facultades de control sobre estas prácticas. La Cámara Nacional Electoral ha pedido en reiteradas oportunidades mayor regulación de la publicidad política online, pero los proyectos de ley avanzan lento. Mientras tanto, empresas como la de Cerimedo operan en un terreno gris donde la recolección de datos personales muchas veces viola la ley de protección de datos personales (25.326).
Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han enviado misiones de observación que, en informes recientes, destacan la vulnerabilidad de los procesos electorales ante el ciberespacio. En el caso argentino, recomiendan auditorías independientes de las plataformas digitales y mayor transparencia en el financiamiento de campañas online.
Para los dueños de PyMEs, freelancers o community managers que administran perfiles políticos o institucionales, el mensaje es claro: la integridad electoral también depende de prácticas responsables. Evitar la difusión de contenidos sin fuente verificada y conocer las normas de publicidad electoral es tan importante como saber cómo funciona un algoritmo.
El caso Cerimedo no es aislado. Refleja una tendencia regional donde consultores transnacionales mueven piezas entre Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil. La pregunta que queda abierta es si el Estado argentino contará con las herramientas técnicas y legales suficientes para garantizar que las elecciones de 2027 se decidan en las urnas y no en los sótanos digitales de la democracia.